El gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a la reciente reforma constitucional aprobada en El Salvador, que establece la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Esta reforma, que fue ratificada por la Asamblea Legislativa con una amplia mayoría, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida de manera democrática y tiene la autoridad legal para realizar modificaciones constitucionales conforme a los procedimientos establecidos en la nación. Asimismo, rechazó las analogías que algunos sectores han realizado entre esta reforma y gobiernos autoritarios, subrayando que el sistema político salvadoreño conserva bases democráticas y constitucionales firmes.
Este apoyo de Washington simboliza una transformación en la actitud del gobierno de Estados Unidos, que anteriormente había mostrado inquietud sobre la dirección política que estaba adoptando El Salvador. En este momento, los lazos bilaterales se han robustecido, subrayando acuerdos en seguridad, cooperación y gestión migratoria, los cuales forman parte del diálogo constante entre las dos naciones.
Aunque cuenta con el respaldo de Estados Unidos, la reforma ha sido objeto de críticas desde múltiples perspectivas. Entidades internacionales que abogan por los derechos humanos han expresado su preocupación, alertando que la reforma podría amenazar la democracia y favorecer una acumulación desmesurada de poder. Además, han indicado que tales modificaciones evocan escenarios que han resultado en la degradación democrática en otras naciones de la zona.
Desde la perspectiva del gobierno salvadoreño, la reforma tiene como objetivo asegurar que la ciudadanía pueda decidir si desea o no dar continuidad al liderazgo presidencial. Se argumenta que en varias democracias establecidas a nivel mundial se permite la reelección indefinida, y que esta iniciativa refleja el apoyo popular del que goza la administración actual.
El mandatario Nayib Bukele, que comenzó su segundo periodo en junio de 2024, ha promovido la reforma como una forma de consolidar la democracia interna y fomentar la estabilidad política. Aunque ha recibido críticas, el cambio fue aprobado con un fuerte respaldo en la Asamblea Legislativa, lo que demuestra un amplio apoyo dentro del órgano legislativo y, según sus seguidores, también un respaldo mayoritario de la población.
La reforma constitucional en El Salvador se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la agenda política del país y de la región, generando debates sobre la naturaleza y el futuro de la democracia en América Central. La postura de Estados Unidos, que apoya la soberanía del país para decidir sobre su marco legal, contrasta con las preocupaciones internacionales sobre el equilibrio de poderes y la garantía de derechos fundamentales.
