El Parlamento de El Salvador, dominado por el partido gobernante, sancionó una enmienda a la Constitución que permite la reelección continua del presidente, alarga el periodo presidencial de cinco a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. La medida fue promovida por el partido del mandatario Nayib Bukele y obtuvo el apoyo de 57 de los 60 legisladores, en una votación llevada a cabo sin discusión previa y en un proceso expedito.
La enmienda realiza cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la regla que impedía la reelección inmediata del presidente, lo que habilita a Bukele para competir por un nuevo mandato indefinidamente. Por otro lado, se elimina la segunda vuelta electoral, significando que el candidato que logre la mayoría de votos, aunque no sea una mayoría total, será declarado presidente. También, se establece que el próximo período presidencial durará seis años en lugar de los cinco actuales que dicta la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el gobierno se afirmó que la modificación refuerza la democracia al permitir que los salvadoreños tengan la opción de volver a elegir a sus líderes sin limitaciones. Parlamentarios cercanos al Ejecutivo indicaron que la reelección ilimitada ya es una realidad en otros ámbitos del gobierno, como en municipios o escaños legislativos, y que este ajuste solamente amplía esa opción al puesto presidencial.
Sin embargo, la reforma ha generado un amplio rechazo por parte de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y analistas políticos, que consideran que se trata de un paso hacia la consolidación de un modelo autoritario. Críticos advierten que eliminar los límites a la reelección sin un proceso amplio de deliberación y sin consultar a la ciudadanía representa una regresión democrática.
Voces opositoras señalaron que la aprobación de la reforma sin discusión pública ni mecanismos participativos vulnera principios fundamentales del Estado de derecho. También se denunció la falta de transparencia en el procedimiento y la concentración de poder en el Ejecutivo, que ya cuenta con amplio dominio sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde 2021, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, se ha denunciado una erosión sistemática de los contrapesos institucionales en El Salvador. La sentencia posterior de la nueva Corte Suprema que habilitó la reelección inmediata fue vista como parte de esa misma tendencia.
El apoyo de la comunidad internacional ha sido inconsistente. Algunos gobiernos han mostrado inquietud por el rumbo autoritario en El Salvador, mientras que otros han subrayado su respeto hacia las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aceptadas por una Asamblea elegida de manera democrática.
Organizaciones globales, como Human Rights Watch y otros grupos que promueven la democracia, advirtieron sobre los peligros de la reelección ilimitada, señalando experiencias comparables en diferentes países de América Latina, donde reformas de este tipo han resultado en crisis institucionales y en la disminución de las libertades civiles.
A pesar de que el presidente Bukele no ha anunciado oficialmente su intención de buscar un nuevo mandato, la reforma abre claramente esa posibilidad. Su popularidad, cimentada en una política de seguridad que ha reducido drásticamente los niveles de violencia mediante medidas excepcionales, como el estado de excepción prolongado, lo posiciona favorablemente ante el electorado.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La reforma constitucional aún requiere una segunda aprobación legislativa en la próxima legislatura para quedar plenamente vigente, según lo establece la misma Carta Magna. No obstante, dada la composición actual del Congreso y el respaldo político con el que cuenta el presidente, es previsible que esta segunda aprobación se concrete sin mayores obstáculos.
La transformación del sistema político salvadoreño con esta reforma marca un punto de inflexión para el país, cuyo rumbo dependerá en gran medida de cómo se implementen estos cambios y de la capacidad de los actores democráticos para articular una respuesta institucional que preserve el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
