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El concepto de «pérdidas y daños» y su relevancia climática

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas

Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: medidas dirigidas a recortar la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el incremento de la temperatura planetaria.
  • Adaptación: propuestas orientadas a reducir la vulnerabilidad y robustecer la capacidad de reacción ante impactos previstos, como levantar diques, desarrollar variedades agrícolas más resistentes e incorporar sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: efectos remanentes que continúan aun tras aplicar acciones de mitigación y adaptación, junto con impactos repentinos o definitivos que resultan imposibles de compensar plenamente.

Tipos de pérdidas y daños

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
  • Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): alcanzaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en viviendas y cultivos; informes internacionales señalaron vastos grupos desplazados y daños valorados en miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un alto número de fallecidos, arrasó infraestructura esencial y produjo impactos económicos estimados en miles de millones de dólares, además de un prolongado desafío humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): ocasionó la caída de servicios fundamentales y daños calculados en decenas de miles de millones de dólares según diversas evaluaciones; evidenció cómo los fenómenos extremos pueden originar crisis de salud pública y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y reducción de tierra habitable, lo que obliga a planificar reubicaciones tanto nacionales como transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en áreas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías continuas y plagas ligadas al clima reducen los ingresos agrícolas, intensifican la inseguridad alimentaria y estimulan movimientos migratorios.

Marco internacional y política

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el debate sobre pérdidas y daños ha estado presente durante años en las negociaciones; en 2013 se estableció el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el fin de articular estudios y asistencia técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países decidieron crear un fondo dedicado a enfrentar pérdidas y daños, destinado sobre todo a respaldar a las naciones en desarrollo que padecen impactos desmedidos. Su implementación requiere fijar la estructura de gobernanza, las fuentes de recursos y los requisitos de acceso.
  • Tensión política: persiste la disputa entre países desarrollados y en desarrollo respecto a si este apoyo debe interpretarse como reparación, compensación o un acto de solidaridad; algunos temen asumir responsabilidades legales mientras otros reclaman justicia climática.

Valoración, asignación y reconocimiento del valor

  • Ciencia de atribución: permite estimar cuánto contribuyó el cambio climático inducido por el ser humano a la probabilidad o intensidad de un evento extremo; esto ayuda a fundamentar decisiones de financiamiento, aunque no siempre es concluyente para cada caso.
  • Valoración económica: medir costos directos es más sencillo (infraestructura, producción), pero valuar pérdidas no económicas —identidad, tradiciones, biodiversidad— es complejo y a menudo insuficiente en términos monetarios.
  • Brechas de datos: países con poca capacidad estadística tienen dificultades para cuantificar daños y justificar solicitudes de apoyo, lo que agrava la desigualdad en el acceso a recursos.

Mecanismos de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
  • Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
  • Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.

Desafíos operativos y éticos

  • Equidad: países que menos han contribuido al calentamiento suelen sufrir los peores impactos; existe un fuerte argumento moral para transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la demanda de compensación por daños históricos choca con la reticencia de algunos países a aceptar responsabilidad legal y financiera.
  • Implementación operativa: definir quién accede al fondo, cómo se prioriza, cómo asegurar transparencia y que los recursos lleguen a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como pérdida de identidad cultural o territorio insular, no pueden repararse con dinero; requieren soluciones políticas complejas, como migración planificada y protección de derechos.

Recomendaciones y sugerencias óptimas

  • Combinar enfoques: articular prevención, preparación, seguros y financiamiento sostenible para afrontar pérdidas económicas y respaldar inversiones que refuercen la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incorporar a pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y ejecución de medidas que aseguren adecuación cultural y resultados efectivos.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de control y rendición de cuentas que faciliten el seguimiento del uso de los recursos.
  • Soluciones regionales: promover la cooperación en fondos y esquemas de cobertura de alcance regional (incluidos acuerdos de reasentamiento entre estados insulares y países anfitriones) para administrar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños ponen de manifiesto un momento decisivo: el cambio climático ya genera impactos que muchas comunidades no pueden revertir por cuenta propia. Enfrentar esta realidad requiere combinar la ciencia de atribución, políticas financieras equitativas, acciones para disminuir riesgos y una visión basada en derechos humanos que permita crear respuestas legítimas y eficaces para quienes afrontan las mayores adversidades.

Por Teresa Figueroa