El Salvador desembolsará más de $1,300 millones en concepto de intereses por su deuda pública durante el año 2025: un examen detallado y estimaciones futuras
El gobierno de El Salvador destinó más de $1,300 millones al pago de intereses de su deuda pública durante los primeros nueve meses de 2025, superando la inversión en áreas clave del país. Este gasto creciente genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal y el manejo de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo.
Entre enero y septiembre de 2025, el pago de intereses por la deuda pública alcanzó los $1,307.7 millones, según los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Esta cifra representa un aumento del 6 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando los intereses pagados sumaron $1,233.7 millones, es decir, $74 millones adicionales en apenas un año.
El cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado, abarcando tanto los intereses como la devolución del capital de los empréstitos, representa una de sus responsabilidades más importantes. Es comparable al pago de un préstamo individual, pero en una magnitud considerablemente superior. Esta partida ejerce una presión notable sobre las finanzas públicas y, durante el año 2025, su monto excedió los fondos asignados a proyectos de inversión pública, los cuales sumaron $1,180 millones en los primeros tres trimestres.
Crecimiento del pago de intereses y su peso en el presupuesto
El BCR detalla que los pagos de intereses representaron el 17.9 % de los ingresos totales y donaciones recibidos por el Tesoro salvadoreño en el período analizado, que sumaron más de $7,193.4 millones. En términos del producto interno bruto (PIB), que para 2025 se estima en $36,602.1 millones, este gasto equivale al 3.5 %, reflejando un compromiso financiero significativo del gobierno con sus acreedores.
El borrador del Presupuesto General de la Nación para el año 2026 estima que el monto global del servicio de la deuda excederá los $2,433.6 millones. Dentro de esta suma, $926.1 millones se asignarán a compromisos de deuda interna, en tanto que $1,507.4 millones se dirigirán a la deuda contraída con entidades extranjeras. El informe prevé que $1,504.2 millones se emplearán únicamente para cubrir intereses, y $929.3 millones para amortizaciones, lo que subraya la relevancia de la deuda en la estrategia fiscal de la nación.
El incremento constante en los desembolsos por intereses pone de manifiesto la relevancia de la deuda como un lastre inherente, que restringe la facultad del gobierno para destinar fondos a infraestructura, formación académica, servicios sanitarios y otras iniciativas esenciales. Anualmente, una porción creciente del presupuesto se destina a saldar compromisos financieros, lo que plantea retos en cuanto a la viabilidad económica y la administración prudente de los fondos estatales.
Panorama de la deuda estatal y tipos de interés
El monto adeudado por el sector público no financiero (SPNF) excedió los $32,280.1 millones en septiembre de 2025, lo que representa el 88.2 % del Producto Interno Bruto. Esta cifra abarca los compromisos originados por el esquema de pensiones, pero no considera los pasivos de las entidades financieras, los cuales se contabilizan de forma independiente. La totalidad de la deuda estatal, al sumar ambos componentes, ascendió a $33,533.4 millones en el mismo lapso, evidenciando la envergadura de los compromisos económicos del gobierno.
Del total de la deuda del SPNF, el 57 % está colocado a tasas de interés entre 3 % y 8 %. Otro 19 % tiene un cupón de entre 8 % y 9 %, mientras que el 24 % restante devenga intereses superiores al 9 %. Esta estructura de tasas refleja la diversidad de instrumentos financieros contratados por el Estado, y el impacto que diferentes tipos de deuda tienen en los costos fiscales anuales.
En cuanto a los plazos, un 48 % de la deuda se liquidará en los próximos 10 años, un 34 % tiene vencimiento de entre 11 y 20 años, y un 18 % se extenderá por más de 20 años. Esta distribución temporal revela que casi la mitad de las obligaciones deberán atenderse en un horizonte relativamente corto, mientras que una porción significativa se mantiene a largo plazo, generando compromisos fiscales sostenidos por varias décadas.
Impacto en la inversión pública y sostenibilidad fiscal
El crecimiento de los pagos de intereses implica que una parte considerable de los recursos públicos no puede destinarse a inversión social o infraestructura, lo que puede afectar el desarrollo económico del país y la capacidad del gobierno para implementar programas estratégicos. La comparación con la inversión pública en los primeros nueve meses de 2025 muestra que el Estado destinó más recursos al servicio de la deuda que a proyectos de desarrollo, lo que subraya la magnitud de esta carga financiera.
Los analistas señalan que mantener un nivel elevado de deuda con altos pagos de intereses puede limitar la flexibilidad del gobierno ante imprevistos económicos y obligar a priorizar la financiación de obligaciones financieras sobre el gasto social. La estructura de la deuda, con un porcentaje significativo a tasas superiores al 9 %, incrementa la vulnerabilidad a cambios en las condiciones del mercado y a presiones inflacionarias.
Al planificar el presupuesto nacional para el año 2026, resulta fundamental encontrar un punto medio entre la gestión de la deuda y el fomento de áreas prioritarias. Esto asegurará que las obligaciones financieras no obstaculicen el desarrollo económico ni el bienestar ciudadano. Una administración cautelosa de la deuda, junto con una política fiscal sensata, es indispensable para asegurar la viabilidad a medio y largo plazo.
Análisis y sugerencias
Para 2026, se prevé que el servicio de la deuda siga siendo un componente central del presupuesto, con pagos que superan los $2,400 millones. La planificación y monitoreo constante de la deuda permitirán ajustar políticas y estrategias para evitar presiones excesivas sobre las finanzas públicas. Además, evaluar la estructura de tasas y plazos, junto con estrategias de refinanciamiento, podría optimizar los costos financieros y reducir la vulnerabilidad del país ante cambios económicos globales.
Para potenciar el progreso nacional y asegurar la utilización óptima de los fondos públicos, será crucial establecer una estrategia fiscal que integre la viabilidad de la deuda con la inversión estratégica en infraestructura, educación y salud. Si bien el endeudamiento es una herramienta indispensable para financiar iniciativas y cubrir desequilibrios pasajeros, su gestión apropiada resulta fundamental para mantener la estabilidad económica y fiscal a largo plazo.