La reciente colaboración entre dos importantes aseguradoras para la edificación de hospitales ha suscitado un debate acerca de su posible influencia en la competencia dentro del mercado de la salud. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha entregado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solicitando que este convenio sea examinado por la posible creación de una posición dominante. Esta situación ha centrado la discusión en torno a la regulación, la estructura del mercado y los impactos de este tipo de asociaciones en el sector de la salud.
Las dos compañías de seguros en cuestión han informado sobre la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, denominado Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según apunta ASPE, estas iniciativas deberían obtener la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas exceden los límites fijados en la normativa de competencia debido a su volumen de negocio. Asimismo, ASPE subraya que estas aseguradoras forman parte de los cinco principales actores en el sector de seguros de salud en España. Juntas, estas cinco empresas aglutinan el 71 % del mercado, lo que subraya la importancia de una vigilancia más rigurosa.
Las dos aseguradoras en cuestión han anunciado la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, conocido como Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según ASPE, dichas operaciones deberían estar sujetas a la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas superan los umbrales establecidos en la normativa de competencia por volumen de negocio. Además, ASPE señala que estas aseguradoras son dos de los cinco principales operadores del sector de seguros sanitarios en España. En conjunto, estas cinco compañías concentran el 71 % del mercado, lo que refuerza la necesidad de una supervisión más estricta.
Un mercado concentrado y regulado
Por otro lado, las aseguradoras han manifestado que sus iniciativas se ajustan a las regulaciones de competencia y que las operaciones fueron informadas a la CNMC previo a su divulgación pública. Alegan que los hospitales a construir brindarán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a pacientes privados. También enfatizan que estos proyectos están dirigidos a áreas con poca infraestructura asistencial, como Palma y Barcelona, lo que ayudará a ampliar la oferta de servicios de salud en esas regiones.
El hospital en Palma de Mallorca tendrá una superficie superior a los 15,000 metros cuadrados y se llevará a cabo en colaboración con Azora, quien será la propietaria del edificio. Las aseguradoras se encargarán de operar el hospital bajo un acuerdo de arrendamiento, con una inversión total que supera los 63 millones de euros. Se estima que el centro comenzará a operar en 2029.
El hospital en Palma de Mallorca contará con más de 15,000 metros cuadrados y será desarrollado en colaboración con Azora, que será propietaria del inmueble. Las aseguradoras gestionarán el hospital en régimen de alquiler, con una inversión total superior a los 63 millones de euros. Se prevé que el centro entre en funcionamiento en 2029.
Simultáneamente, la CNMC ha iniciado un expediente para investigar a una de las aseguradoras debido a un acuerdo establecido con otra firma del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. De acuerdo con la información disponible, este convenio podría haber causado una reducción en las compensaciones a los centros de salud, lo que ha generado preocupaciones en el sector. Específicamente, las denuncias indican que desde que se implementó en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en un promedio del 20 %.
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.
